La incorporación del Tribunal Constitucional en la Constitución de la República, promulgada el 26 de enero de 2010, es un logro del PRD, que es el único partido que históricamente ha levantado la bandera del control de los actos de los poderes del Estado.
Ya en 1976, mi padre, Salvador Jorge Blanco, había esbozado en artículos de opinión sobre la urgente necesidad de reformas en el ámbito del Poder Judicial, entre ellas, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, lo cual materializó a través de un proyecto de ley cuando fue senador, en el período 1978-1982. En 1982, cuando se juramentó como presidente de la República, presentó un conjunto de reformas a la Constitución.
José Francisco Peña Gómez, líder del PRD, fue un abanderado del Tribunal Constitucional. Su experiencia universitaria en Francia y sus estudios en el orden jurídico le permitieron asimilar la importancia de este órgano para controlar los desmanes del poder. El programa de gobierno “Primero La Gente” así lo recoge.
Por lo tanto, cuando el PRD defiende el Tribunal Constitucional, y su capacidad de controlar y revisar las decisiones del Poder Judicial, lo hace con sentido histórico y con coherencia. Mantener en la Cámara de Diputados el proyecto aprobado por el Senado que cercena las atribuciones del Tribunal Constitucional sería proferir una estocada a la Constitución.
¿Qué busca el PLD? ¿Mantener la hegemonía política en la Suprema Corte de Justicia más allá del 2012? ¿Quién entonces juzgará las decisiones firmes de los jueces del más alto tribunal? El precedente de la Sun Land ensombrece este panorama.
El PRD se mantiene monolíticamente unido para impedir que la Cámara de Diputados infrinja este golpe. Con ello, se asegurará el control efectivo de la constitucionalidad, en una sociedad que cada día exige más transparencia y cero impunidad.
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