Tribunal Constitucional y colegios privados

Escrito por. Sara Perez / Acento.com.do

El pasado lunes, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, contra la ley que fija y regula las tarifas de los colegios privados y también rechazó la pretensión de esa Asociación, de que el Código de Protección a niños, niñas y adolescentes fuera modificado, para permitirle sancionar y retener los documentos y notas de estudiantes, cuyos padres o encargados no salden sus cuentas con los colegios.

Los colegios privados tienen un largo historial de unos muy irritantes, prolongados y reiterados abusos impunes -en complicidad con el Ministerio de Educación y con el Poder Ejecutivo- y no son vistos con excesivas simpatías, por parte de muchos sectores a los que les constan las múltiples triquiñuelas, aparte de la casi siempre abultada cuota, con las que esas instituciones exprimen a sus clientes.

Aún para padres y tutores con cierta holgura, no es poco lo que significa, en términos de sacrificios,  recopilar recursos considerables que no tienen disponibles, ni pueden conseguir fácilmente, cada vez que inicia el año escolar y pagar por adelantado inscripciones y varias o todas las mensualidades, a veces exorbitantes y en modo alguno proporcionales a la calidad del servicio recibido.

Los intereses de estudiantes y padres, junto con los objetivos educativos, suelen relegarse para dar paso a los negocios de los colegios. Entre estos se contarán algunos  de loables aportes a la sociedad, pero que en todos los casos brindan un servicio de interés público, que como tal, debe tener los correspondientes controles gubernamentales, asentados en las disposiciones jurídicas, que deben ser aplaudidas y saludadas, cuando se establezcan y ratifiquen, como en este caso, aunque la solución del viejo problema siga pendiente para cuando realmente haya un gobierno que funcione.

Hasta los uniformes forman parte del ventorrillismo educativo. Muchos de los mismos colegios que  han acudido al Tribunal Constitucional para reclamar su libertad de imponer tarifas a capricho, le niegan a los alumnos y a los padres la potestad de  comprar los uniformes en las tiendas que prefieran, o de mandarlos a hacer donde más les convenga.

Numerosos colegios privados obligan a sus alumnos a comprarles los uniformes, como si ellos fueran una tienda de confecciones. El derecho de comprar donde a cada quien le de la gana, ¿no forma parte de los derechos constitucionales que inquietan a la Asociación de Instituciones Educativas Privadas?¿Desde cuándo el contrato de servicios educativos incluye la obligatoriedad de participar en otras transacciones comerciales, que no solo envuelven libros y uniformes, sino expediciones -sin seguridad y sin que formen parte de ningún programa educativo integral y conferencias carísimas, de “autoayuda”, dictadas por charlatanes y consignadas como actividades curriculares obligatorias.

Mucho colegios tienen disposiciones internas que violan derechos humanos y civiles y aunque la escuela pública dominicana, está lejos de haber superado esos y otros inconvenientes, los problemas pendientes de la educación privada y en particular los relativos a los abusos en los que incurren los colegios, forman parte de la agenda pública y de las responsabilidades y desafíos del gobierno.

Muchos de los que manejan las políticas escolares y educativas y muchos padres, no perciben que la primera lección errada -y tal vez la más importante, porque quizás sea la única  destinada a permanecer y reproducirse- proporcionada a los educandos es el mismo carácter abusivo de la relación entre la institución educativa y los estudiantes; la naturaleza fraudulenta, el oportunismo, el aprovechamiento ventajoso de las autoridades educativas, o de quienes presiden un colegio, ante quienes deben ser formados a la sombra del mismo.

El Estado dominicano  debe interceder como respaldo de esos sectores de clase media que cargan en privado lo que es un derecho colectivo y una deuda pública,  y también como garante ante estudiantes, padres y familias continuamente estafados, sin posibilidad de reacciones defensivas y de demandar el respeto a sus derechos si no como ciudadanos, al menos como clientes.

El que el gobierno tenga una función supervisora y reguladora de las tarifas de los colegios privados, con márgenes de beneficio razonables, no afecta los derechos constitucionales de nadie, ni se contrapone con que quien trabaje reciba la compensación por sus labores,  sino que forma parte de las plataformas de garantías - fundamentalmente teóricas- para los los niños, niñas y adolescentes, usuarios de servicios educativos privados y sus padres o tutores.

El gobierno, La Justicia y las leyes deben proporcionar alguna contención a las continuas estafas que padecen padres y alumnos por parte de colegios privados, que cobran lo que no están sirviendo, aparte de que muchos de ellos  disfrutan de subvenciones estatales, que se les restan a los recursos que debían destinarse a la educación pública.

Ha sido más que suficiente todo el tiempo durante el que desde el gobierno se han preservado intereses privados en detrimento del interés público y la educación ha sido una de las víctimas de ello.

Muy bien hecho por el Tribunal Constitucional, que le ha preservado al gobierno (para cuando este sirva para cualquier práctica loable) su función supervisora y reguladora ante los colegios privados.

Los jueces del Tribunal Constitucional pegaron una.

Aplausos para ellos.