El asalto a los tribunales
Con la observación presidencial a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se dan los últimos pasos para asegurar el predominio del Poder Ejecutivo sobre el proceso de evaluación y selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y la selección de los jueces del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Se trata de un proceso que empezó con la inclusión en el Consejo Nacional de la Magistratura de la figura del Procurador General, funcionario que es designado libremente por el Presidente de la República. Esto a diferencia de todos los demás miembros del Consejo, quienes o son funcionarios elegidos por el voto directo de los ciudadanos o son nombrados por el propio Consejo Nacional de la Magistratura para servir en la Suprema Corte de Justicia.
A pesar de que la inclusión del Procurador General le otorga al partido gobernante sólo cuatro votos de ocho en el Consejo, en realidad, esto implica un grado de influencia mucho mayor de lo que parece a primera vista. No hay que olvidar que el Consejo tiene la facultad de evaluar a los jueces de la Suprema Corte, incluyendo a los que forman parte del mismo. Como es natural, estos no pueden votar durante su propia evaluación, con lo que éstas se celebrarán en un contexto en el cual el partido oficial tendrá cuatro de siete votos. El mensaje es claro, el juez que se salga mucho del camino querido por la mayoría oficialista puede terminar con una mala evaluación y ser excluido de la Suprema Corte.
Nada de esto bastó, como ya es de conocimiento público, el Presidente observó la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura con el fin de lograr reducir las mayorías necesarias para tomar decisiones y, además, para otorgarle al Presidente un voto de desempate, es decir, un voto que vale más que el de los demás miembros del Consejo. A esto siguió la inconstitucional aprobación por mayoría simple de las observaciones del Ejecutivo a pesar de que se trata de una ley orgánica que debe ser votada por las dos terceras partes de los presentes. Todo parece indicar que se repetirá la misma historia con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
En pocas palabras, se ha asegurado el dominio por parte del partido oficialista de los tribunales que deben servir como árbitros finales de la solución de los conflictos jurídicos en República Dominicana. Esto es un atentado al principio de frenos y contrapesos, que busca precisamente que estos tribunales limiten el poder, no que respondan al mismo. Lo más probable es que todo esto obedezca al deseo de lograr hacer pasar la reelección mediante el expediente de que el Tribunal Constitucional la declare válida y de que el Tribunal Superior Electoral también la avale. La candidatura del Presidente, aunque prohibida por la Constitución, no está definida aún. Pero poco importa ya si se presenta o no. El hecho cierto es que estos afanes han despojado a la Constitución de una de sus más importantes prendas: Un sistema de tribunales capaz de enfrentar el poder público y garantizar los derechos ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
SI DESEA HACER ALGUN COMENTARIO A ESTA PUBLICACION HAGALO AQUI