Inseguridad y reforma del Código Procesal Penal .

Escrito por:Nassef Perdomo Cordero.

Una sociedad puede decir que está avanzando cuando se desenvuelve de manera más o menos organizada. Eso incluye, naturalmente, las discusiones públicas sobre las políticas que debe adoptar el Estado. Lamentablemente para todos nosotros, ese no es el caso en República Dominicana. Aquí las cosas se discuten sin ton ni son y tenemos por costumbre asignarle razón al que propone soluciones efectistas o superficiales.

Esa es la razón por la cual, cada vez que nos espantamos por la inseguridad ciudadana, se recurre –como ahora- a proponer como solución al problema la reforma del Código Procesal Penal. Aparentemente, el Código es el principal obstáculo a la seguridad ciudadana y, por lo tanto, debe ser revisado para permitir que el sistema represivo del Estado –incluyendo la Policía- actúe con mayor dureza.

Sí, así mismo. La Policía Nacional es una de las principales promotoras de la reforma del Código Procesal Penal. La misma institución que este año ha tenido que cancelar casi un agente diario por estar involucrados en la comisión de crímenes y delitos. La misma institución que se ha resistido con todas sus fuerzas y recursos a ser objeto de reformas importantes. La misma que trata a sus alistados como si fueran ganado y a sus oficiales como si fueran dioses.

La muestra más evidente de la patética pobreza de la discusión sobre la seguridad ciudadana puede encontrarse en el caso del asesinato del teniente coronel Ubrí Bocío. Durante días hubo rasgadura de vestiduras y proclamas de resistencia frente a las agresiones del narco. También se acusó al Código Procesal Penal de haber promovido un estado de cosas que permitió la muerte de este oficial de la DNCD.

Pues bien, resulta que este señor fue muerto por un cabo de la Policía que, luego de haber sido implicado en actividades delictivas, fue cancelado, reincorporado y ascendido por la Policía Nacional. Pero lo que es más, las armas con las que cometió el hecho le fueron suministradas por oficiales encargados de la administración de las armas en la Policía Nacional.

¿Y esto es culpa del Código?

Es una obviedad que lo que debemos hacer no es permitir que la Policía Nacional actúe con mayor arbitrariedad, ni es tampoco limitar los derechos de las personas. Eso es poner la Iglesia en manos de Lutero. La fiebre no está en las sábanas. Lo que tiene que hacerse en el país es un proceso de reforma de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana para que pasen a ser órganos efectivos, efectivos y eficaces en el cumplimiento de su papel.

Pero ese esfuerzo, el verdaderamente importante, parece no importarle demasiado a los encargados de ejecutarlo. La Policía sigue siendo lo de siempre. Y lo peor, lo más preocupante, es que está arrastrando consigo al resto del sistema de justicia penal. Es hora ya de que la Policía Nacional se reforme. Adaptando las leyes a su gusto y medida no se logrará otra cosa que desincentivar ese cambio tan necesario.