MODIFICANDO NUESTRAS LEYES.-

Luis Manuel Vílchez Bournigal

Es desafortunado que ciertos grupos entiendan que la solución a la situación actual de nuestro país sea el endurecimiento de nuestras leyes. Sólo tenemos que observar las modificaciones que se le han hecho a la Constitución, a los códigos y a las leyes en los últimos 20 años, muchas de estas realizadas para supuestamente enfrentar situaciones que se venían dando y que necesitaban ser resueltas.

El error de estas personas radica en ignorar que no hay leyes perfectas, pues siempre aparecerán hoyos, áreas grises, confusiones al momento de aplicar las leyes. No podemos darle un valor constitucional a todo lo que se incumpla, con el fin de que su “nuevo rango” provoque la eliminación del problema, lo cual pocas veces ocurre; no podemos estar modificando nuestros códigos cada cierto tiempo por el hecho de que el mismo no se anda cumpliendo como debería.

Es para todos sabido, menos para los legisladores dominicanos, que el incumplimiento de las leyes no se combate con la creación de más leyes. Países como México, España, Bolivia, Venezuela, Argentina, Haití, están llenos de leyes y constituciones tan extensas que, muchas veces, sólo les falta legislar sobre la mano con que debes de abrir una puerta; pero la pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué hacen estos países con estas leyes y constituciones? Pues lo mismo que estamos haciendo nosotros: Nada, pues tanto ellos como nosotros no nos “queremos” dar cuenta de que la fiebre no está en la sábana, no queremos entender que el problema de la corrupción, criminalidad, seguridad jurídica, no descansa en más o mejores leyes, el mismo descansa en la fortaleza de las instituciones y en la aplicación de las leyes. En tener un Poder Judicial saludable, donde los miembros del mismo no se conformen con el simple hecho de tener un cheque en sus manos al final del mes, sino que verdaderamente se interesen en hacer justicia.

Muchas personas quieren esconder la basura debajo de la alfombra con el Código Procesal Penal, es cierto de que el mismo brinda cierto nivel de protección, pero algunos jueces han querido lavarse las manos con esto con el fin de no hacer su trabajo.

¿Cómo es posible que una persona involucrada hasta el cuello en un caso de droga, sicariato, homicidio, pueda salir en libertad bajo fianza, sabiendo todo el mundo que no hay manera de garantizar que esa persona no reintente continuar con lo que ha estado haciendo, y que incluso intente perjudicar aquellos que han interpuesto una acción en su contra, o que evadan la justicia una vez dada la fianza?

Los jueces tienen la capacidad para mantener en prisión, y no en libertad bajo fianza, a este tipo de personas involucrados en hechos de esta gravedad o que han caído de manera reiterada en los mismos; sin embargo no la utilizan, y el producto de esto lo está pagando la sociedad: inseguridad ciudadana, niveles de criminalidad en auge, feminicidios a niveles preocupantes, carteles de drogas internacionales utilizándonos de aliados.

Entre las modificaciones que se buscan hacer están las medidas de coerción de nuestro Código Procesal Penal, a fin de ser menos flexible en relación a personas reincidentes, pero esto será poco útil si no existe la voluntad de darle cumplimiento. Nuestros legisladores y todos aquellos que favorecen la modificación de nuestras leyes, deberían primero analizar de qué nos serviría entregarle leyes más fuertes o mejores leyes a quienes tienen la misión de aplicarlas, si muchos de ellos no las entienden, no les importa o simplemente tienen otros intereses.

La grandeza de una nación no está en el tamaño de su Constitución, en que sus leyes abarquen aspectos de última generación o en la cantidad de organismos que creamos para abordar problemáticas de nuestra sociedad, sino en la fortaleza de sus instituciones y en la aplicación de las leyes. Esta ola de reformas que se avecina tiene que abarcar también un cambio en la actitud de quienes están llamados a vigilar y a aplicar las leyes a fin de que funcione.