La culpa no es del Código Procesal Penal.

Escrito por: EDUARDO JORGE PRATS (e.jorge@jorgeprats.com)

Poco a poco se ha ido formando un consenso acerca de la necesidad de la reforma del Código Procesal Penal (CPP), de modo que se pueda combatir eficazmente la delincuencia y acabar de una vez por todas con el clima de inseguridad ciudadana en que vivimos.

Algunos de quienes estamos preocupados por el auge de la delincuencia en nuestro país y que no somos tan tontos para consolarnos con el hecho de que otros países tienen iguales o peores niveles de inseguridad ciudadana, nos preguntamos sin embargo, ¿qué culpa tiene el CPP del aumento de la delincuencia?

Cuando una persona es atracada al sacar dinero de un cajero automático, cuando una muchacha es vilmente golpeada para arrancársele una cartera, cuando una especie de comando paramilitar asalta un camión de transporte de efectivo de una compañía de seguridad, cuando se secuestra y se mata a un joven comerciante y se le deja tirado en un solar baldío, cuando un hombre tortura y asesina a su compañera; en fin, cuando ocurre cualquier evento de la criminalidad típica que ocupa los titulares de la prensa escrita, ¿qué relación existe entre esos hechos y el principio de presunción de inocencia que sirve de base a toda legislación procesal penal democrática y garantista?

¿Qué culpa tienen los jueces de que muchos expedientes penales estén pobremente sustentados y que se vean obligados a descargar por insuficiencia de pruebas? ¿Se pretende que los inculpados se consideren presuntos culpables y que desde ya se les condene preventivamente hasta que llegue un juicio en donde se les condene ilegalmente sin pruebas? ¿Qué culpa tiene el CPP de que las autoridades permitan los celulares en las cárceles?

Uno no deja de asombrarse cómo nuestros políticos y parte de la opinión pública no se dan cuenta de lo obvio: la criminalidad aumenta porque no hay en las calles suficientes efectivos policiales, bien pagados, bien entrenados y con capacidad de fuego. ¿Qué se puede esperar de un país sin una policía que pueda responder los retos de la criminalidad y donde esta última penetra nuestros cuerpos militares o policiales? ¿Hay que ser un genio para darse cuenta de que pasan meses y años sin que usted se tope con un policía en las calles de nuestras principales ciudades? ¿Cuántos muertos en intercambios de disparos se necesitan para que nos demos cuenta que la llamada política “Ludovino Fernández” solo funciona para eliminar los sospechosos habituales, los delincuentes de bagatela?

¿Cuándo adoptaremos la política de verdadera mano dura al crear un cuerpo policial eficiente, compuesto por los mejores bachilleres, capaz de reducir a la obediencia a criminales de sangre y de cuello blanco, dispuesto a cooperar con las agencias extranjeras e internacionales y con el entrenamiento y los recursos materiales que permitan prevenir la criminalidad, investigar y fundamentar adecuadamente los casos y combatir todos los tipos de criminalidad? ¿Por qué no fortalecemos al Ministerio Público y le damos más recursos presupuestarios de modo que pongamos dinero allí donde sólo ponemos palabras?

Lo más fácil y lo que en nada cambia la actual situación es reformar el CPP y echarle la culpa de todo a unos jueces a quienes no se les debe dar órdenes desde arriba en la judicatura como si fueran niños y no magistrados que se supone independientes e imparciales, a unos Estados Unidos cuyos turistas sufren en carne propia la delincuencia y son los más interesados en que disminuya la criminalidad en el país y a la sociedad civil que lucha por un Estado de Derecho.

Lo que sufrimos es un populismo penal puro y duro, propiciado incluso por una izquierda que, al sufrir la guerra sucia de los 60 y 70, debiera conocer mejor a los incontrolables y a sus métodos, y por unas feministas que deberían saber que lo penal es la última ratio y que la violencia de género no se combate disminuyendo las garantías sino promoviendo una sociedad más justa, más tolerante, menos sexista y menos violenta. Mientras tanto, los aprestos para reformar el CPP siguen y no se toma la única decisión política fundamental seria y que permitiría combatir realmente la delincuencia: reformar la policía.

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